Según las Naciones Unidas, el mundo produce 430 millones de toneladas de plástico al año y, si se mantiene la tendencia actual, la producción de plástico se triplicará para 2030.

En ese contexto, la plataforma Latitud R convocó a representantes de la cadena de valor del reciclaje inclusivo para identificar los elementos más relevantes que un Tratado Global contra la Contaminación por plásticos debe considerar. El Foro virtual “El triple impacto del Reciclaje Inclusivo, Transición Justa y Tratado Global por los Plásticos” contó con la participación de Soledad Mella (Chile), Secretaria de Comunicaciones de la Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores – Red Lacre; Alina Hernández (México), exdirectora sr. de Asuntos Corporativos para PepsiCo LatAm; Andrés Duque (Colombia), Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y Jadira Vivanco (Colombia), Coordinadora Programática de Fundación Avina. Fue facilitado por Luis Miguel Artieda, Director de la Plataforma Latitud R.

Con respecto a las oportunidades que abre el Tratado Global contra la contaminación por Plásticos, quedó claro que el mismo debe considerar los derechos sociales, económicos y humanos de recicladores de base, además de ser ambicioso e incluir la voz de científicos, pueblos indígenas, industria, y conectar con temas climáticos.

Para Alina Hernández, el Tratado “ofrece la posibilidad de acceder a incentivos que optimicen la cadena de plásticos, promoviendo la innovación, la eficiencia en los procesos productivos tanto en la recolección como el reúso de materiales de empaque”. Hernández destacó la importancia de que las soluciones estén suficientemente financiadas, con capacidad de asistencia técnica y mecanismos robustos para canalizar esos recursos, y señaló que se necesita la participación activa del sector empresarial”.

“Para lograr ese financiamiento es necesario que el instrumento jurídicamente vinculante tenga unos mecanismos robustos para canalizar esos recursos, para financiar los proyectos de reconversión productiva”, comentó Andrés Duque.

Sobre el Tratado, hubo consenso en la necesidad de fortalecer temas de trazabilidad, de estandarización, ayudar al cierre de la brecha tecnológica, con transferencia de conocimientos entre diferentes regiones y actores, valorando siempre los lineamientos de transición justa, justicia climática y Derechos Humanos.

Para hablar del triple impacto del reciclaje inclusivo, ambiental, social y económico, Soledad Mella pidió diferenciar al reciclador de oficio de otros trabajadores informales, por el valor diferencial que aporta su trabajo a la sociedad, y se explayó en la necesidad del pago por servicio, citando un estudio de Ecuador que estimó que el valor diario de trabajo de un reciclador de base es de USD 30, mientras que lo que logran con la venta de material no llega a USD 5, dejando en evidencia que durante años el sector ha subsidiado a los sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

En este tema, fue subrayada la importancia de crear herramientas para una cuantificación efectiva del trabajo de recicladoras y recicladores de base, con reconocimiento de tarifas por servicio, considerando el impacto en toneladas de material reciclable recuperadas y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, partiendo de la evidencia de que por cada tonelada de gases que una asociación de recicladores emite al año, evita que se emitan en promedio otras 195 toneladas.

Finalmente, el concepto de transición justa se posicionó como un factor determinante. Jadira Vivanco aseveró que “tener la mención específica de los recicladores de base en la sección sobre transición justa del Tratado es fundamental”. Esto significa incluir obligaciones y disposiciones concretas en el marco del Tratado que garanticen el ejercicio de derechos laborales, incluyendo una lógica también de salud ocupacional.

La tonelada justa, referida a la recolección de materiales no solo con foco en los volúmenes sino también en la forma en la que se realiza esta recuperación, fue un concepto planteado como superador de la mera recolección de toneladas. Vincula con pago por servicio, derechos laborales, acceso a tecnología, conocimiento e infraestructura, seguro de vida o seguro de salud, entre otros elementos.

Latitud R es una plataforma regional multisectorial para la coordinación de acciones, inversiones y conocimiento en el campo del reciclaje inclusivo y la economía circular. Está conformada por la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Lab, Coca-Cola Latinoamérica, PepsiCo Latinoamérica, Dow, Nestlé, la Red Latinoamericana de Recicladores (Red-LACRE) y Fundación Avina.