Recicladores Inciden en Latinoamérica: Entrevista a Marlén Chacón

Recicladora de Costa Rica

“Actualmente el mayor conflicto y/o amenaza es la incineración. Ello, sumado a la aprobación del reglamento para la co-incineración, es uno de los conflictos que más se ha dado porque tanto los movimientos de recicladores, centros de recuperación como el nuestro, movimientos basura cero, movimientos de ecologistas y también medioambientalistas nos hemos abalanzado hacia la defensa de lo que son los residuos para la no incineración. Eso crea un conflicto en el sentido de que nos ven como generadores de un problema, pero en realidad, lo que queremos es una solución más amigable con el ambiente, más barata y que cree fuentes de empleo”.

Institucionalidad Pública “Pro Reciclador”

Costa Rica no tiene políticas públicas de reciclaje inclusivo, pero la Ley Nº 8.839 (junio 2010) para la Gestión Integral de Residuos y el Reglamento General Nº 37.567 establecen normas para el reciclaje. Actualmente, estamos trabajando para modificar la Ley, porque hay ciertas cosas que quedaron abiertas y no hay amparo para el reciclador como tal.

Mi organización, es una organización de mujeres compuesta por unas 218 personas, aproximadamente. Nosotras empezamos trabajando con el municipio sin ningún convenio y, hasta el momento, habíamos trabajado bien durante diez años. Teníamos trabajo y había cooperación de un lado y del otro. Todo cambió cuando llegó un nuevo gobierno local, ahí empezaron los problemas al ser sometidas a una licitación. Obviamente, nosotros teníamos desventajas, pues desconocíamos muchas cosas sobre la licitación y por tanto hubo cosas que no cumplimos.  Ahí, el municipio tuvo la oportunidad de decir que incumplimos con tal o cual cosa. En realidad, el municipio andaba buscando una manera de sacarnos del sistema. Mi municipio y su alcalde fue uno de los que firmó un convenio para la incineración en Costa Rica. Por ende, a él no le conviene tener a un grupo organizado en el tema de los residuos. Es por eso que se salta una parte de la Ley Nº 8.839, donde se estipula que la municipalidad es dueña de los residuos, por lo cual debe suscribir a través de contratos o convenios con grupos organizados, cooperativas o asociaciones de desarrollo locales. Él lo que hizo, fue saltarse ese artículo porque no hay ninguna regulación que lo obligue o que los multe. Entonces, buscaron empresas que den más sustento económico al municipio dejando de lado el factor social y ambiental.  Por tanto, estamos pensando en un modelo en que a organizaciones  como la nuestra, se nos pague por el servicio de separación de residuos.

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